El acceso a los servicios públicos y ayudas administrativas -de tipo estatal, autonómico o municipal-, así como cualquier otro tipo de gestión administrativa, puede suponer nuevas formas de discriminación y desigualdad para un amplio colectivo de personas cuya falta de lo que podríamos llamar autonomía administrativa o ante la administración, aumenta su situación de vulnerabilidad y exclusión social, especialmente en la nueva era de la “administración tecnológica”, dadas sus dificultades para desenvolverse a través de las nuevas tecnologías. Esto afecta de forma especialmente dramática a la población inmigrantes residente en el Distrito de Rascanya, y de forma dramática al colectivo migrante de Orriols y Torrefiel.

Por otro lado, la crisis del Covid ha acelerado la modernización de las instituciones haciendo que la gran mayoría de los trámites se realicen online, tanto las tramitaciones de solicitudes, como la solicitud de citas o la obtención de documentos. Esto supone un gran problema para personas que además de no disponer de aparatos informáticos tampoco disponen de conocimientos para realizar las gestiones que necesitan. El uso extensivo de la digitalización en los procedimientos administrativos, incluso para el inicio de cualquier tramitación presencial (la solicitud de cita previa, por ejemplo), multiplica exponencialmente las dificultades de acceso de un colectivo en el que incluso los niveles de lectroescritura son, muchas veces, bajos. Se está produciendo así una nueva forma de discriminación digital.

Desde otro punto de vista, las personas que se enfrentan a una situación de vulnerabilidad y exclusión sufren en gran parte de las ocasiones una ansiedad que bloquea sus pensamientos y acciones, generando angustia, desorientación, sensación de desamparo, etc., y que se agrava ante la necesidad de realizar cualquier acto de tipo administrativo.Así, en la Fundación Altius Valencia constatamos a diario la preocupación y la falta de autoestima que genera en las personas no poder y no saber hacer cosas por el mero hecho de no poder acceder a Internet y de no tener conocimientos para hacerlo.

La discriminación o exclusión social se manifiesta de forma múltiple e interseccional, de manera que suelen darse diferentes tipos de desigualdad de forma asociada en una misma persona y/o unidad familiar, en la que convergen con frecuencia dificultades en aspectos laborales, económicos, habitacionales, educativos, culturales, idiomáticos, de género, administrativos, digitales, de acceso a los servicios y recursos públicos… Actualmente existen múltiples programas para fomento del empleo para migrantes jóvenes, mujeres, parados de larga duración, ayudas para la vivienda, subsidios y rentas, campaña IRPF, becas de estudios, etc., recursos diversos sobre los que, sin embargo, hay que estar suficiente informado y saber cómo se accede a ellos y cómo se tramitan. Por lo general, la población migrante en situación de vulnerabilidad o de exclusión no conoce los programas ni todas las ayudas a las que tienen derecho, o conocen que existen pero no saben cómo acceder a ellas, qué presentar o dónde.